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En el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, el gobierno de Alan García Pérez usó los fusiles de guerra de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) contra los miles de manifestantes -nativos y civiles- que bloqueaban varios kilómetros de la carretera Fernando Belaunde, en Bagua. A sangre y fuego, el Estado peruano quiso aplastar la vasta protesta amazónica que exige -desde el 9 de abril- la derogación de los decretos que atentan contra sus tierras y los recursos hídricos y forestales (y que de paso violan la Constitución, ese texto legal que impone al Estado como representante de los pueblos y que establece -con logrado lirismo- como su mayor desvelo la protección de la vida humana).

Los voluntarios Thomas Quirynen y Marijke Deleu, de la organización belga CATAPA, en un estupendo reportaje fotográfico dieron su testimonio acerca de las múltiples balaceras desatadas por la Policía Nacional para desbloquear la Carretera Fernando Belaunde y para repeler al enorme grupo de pobladores que se movilizaban hacia la Curva del Diablo, enterados de un brutal y sorpresivo ataque policial ocurrido en esa zona al amanecer del 5 de junio. Imitando las traiciones de los conquistadores ingleses y españoles, la Policía Nacional del Perú atacó la concentración indígena violando un acuerdo previo establecido entre la propia policía y los manifestantes -con la intermediación del Obispo de Jaén- en la noche anterior.

Algunas pocas imágenes filmadas por un periodista amazónico (y cedidas a Canal N, que las propaló parcialmente) muestran a las gentes que acudían a la Curva del Diablo (que en ese momento ya estaba despejada) regresando a la carrera sobre sus pasos, recogiendo al paso a los abatidos, mientras las ametralladoras de guerra suenan como el pop corn que -según el relato de los sobrevivientes- quemó los cuerpos en el Jirón Huanta, cuando irrumpió el paramilitar Grupo Colina. Es una situación que el periodista de Canal N que comenta la filmación parece incapaz de reconocer. Describe a la gente corriendo, comenta que la Policía está lanzado sus gases lacrimógenos, mientras la ‘canchita’ de las balas crepita. Demora largos minutos en darse cuenta de que están disparando a la gente, y como si las imágenes se trataran de un testimonio de dudosa reputación, dice: “parecería que la Policía habría estado disparando al cuerpo”.

El comando de la muerte ya no se llama Colina sino Dinoes. Ya no ejecuta clandestinamente, sino a la luz pública, al amparo de los partes policiales convertidos en titulares mediáticos, capaces de asombrar y distraer a un país. “Los manifestantes indígenas atacaron a la Policía”, fue la noticia. Y luego: “1, 3, 6, 9, 12, 24 policías muertos”. Lo dijo la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas: “nos recibieron a balazos”. Lo comentó escuetamente el presidente Alan García: “esto es producto de la insurgencia de los nativos”. Lo repitió el Ministro de Medio Ambiente, Antonio Brack Egg, ansioso por vender al peso la selva: “esto ya no es protesta indígena, esto es fundamentalismo y destruir al país”. Lo resumió el parlamentario Mauricio Mulder: “nativos terroristas“.

Pero en la filmación propalada por Canal N no se ve un enfrentamiento, menos un ataque nativo, sino una escapada. Lo mismo que había ocurrido más temprano, en la Curva del Diablo, según relata Roger Petsa Najamtai de la comunidad de Santiago: “A las 6 de la mañana empezaron a atacarnos y se les sumó un helicóptero que disparaba balas como lluvia. La policía nos disparó de frente al cuerpo. (…) Me impactaron dos balazos que me derribaron. Yo salí en una moto ayudado por un amigo. La policía baleó la moto pero pude llegar al hospital”.

El reconocido dirigente aguaruna Santiago Manuin Varela, herido por ocho impactos de bala, grave en un hospital de Chiclayo, ratificó la intención de la Policía de desatar una masacre; y su primo Santiago Varela -según refiere el diario La República- detalló que “la Policía estuvo en todo momento autorizada para usar sus armas de fuego”. También añadió una revelación que resulta fundamental, teniendo en cuenta que los policías muertos han sido usados por el gobierno como prueba de un ataque armado de parte de los manifestantes: “agentes de la PNP cayeron abatidos por el fuego de sus propios compañeros, porque desde los helicópteros policiales se disparó indiscriminadamente”.

Un primer reporte de Alfonso Soto propalado el 5 de junio por Canal N , también dio luces sobre la naturaleza del “enfrentamiento”, eufemismo tan usado por la prensa cuando en Afganistán o Pakistán una bomba de media tonelada (democrática) aplasta una casa de adobes (terrorista) con una familia dentro: “Precisamente, desde el helicóptero se inició todo el hecho del enfrentamiento. Ellos empezaron a lanzar bombas lacrimógenas. Hay algunas personas que han señalado que también hicieron disparos. Nosotros hemos constatado muchos casquillos de bala en varios tramos de la carretera, incluso antes de llegar a El Reposo. Esto obviamente originó un temor por parte de los indígenas que se encontraban en el lugar.”

La cantidad de muertos por la represión policial ejecutada en la región amazónica no se ha determinado a ciencia cierta, pero se calcula entre varias decenas, según cifras proporcionadas en el día de la matanza por voceros de la criminalizada Asociación Interétnica por el Desarrollo de la Amazonía (Aidesep); y centenares, según varios testimonios que han podido filtrarse a través de la prensa.

Inclusive hasta el día siguiente al día de la matanza, el gobierno estableció en 3 la cifra de civiles muertos (en un primer momento, el gobierno propaló que sólo habían heridos civiles). Su intención fraudulenta era evidente: sólo con las fotografías tomadas el 5 de junio por Félix Calva Guerrero, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y por Thomas Quirynen de la organización belga CATAPA, se comprueban más víctimas civiles que las informadas con intención aviesa por el gobierno.

El reportaje de Alfonso Soto también ayudaba a despejar la mentira gubernamental, a la que esa misma televisora se muestra tan adicta: “Las cifras (de civiles muertos) que está dando el Jefe del Gabinete no se ajustan a la verdad. Nosotros que hemos estado haciendo el recorrido por la tarde, hemos podido ver 5 cadáveres que estaban en la pista, todavía no habían sido recogidos por el Ministerio Público. Aquí en Bagua Grande hemos podido observar a 3 fallecidos más, incluido un niño de 12 años. Hay muchas cifras que se están manejando. Por ejemplo, el Director del Hospital de Bagua Chica habló de una veintena de muertos; aquí la población está señalando que hay centenares de muertos. Lo cierto es que hay mucho más fallecidos que los que indica el premier Yehude Simon.”

La necesidad de encubrir la naturaleza de la acción policial alcanzó su máxima demostración con el aislamiento de la zona de Curva del Diablo, impuesto por las Fuerzas Armadas y Policiales. Nadie pudo acceder al escenario de la matanza, ni las autoridades del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo, mucho menos las gentes que buscaban los cuerpos de los suyos. El aislamiento duró cinco días, tal como ha informado Javier La Rosa, responsable del Área de Acceso a la Justicia del Instituto de Defensa Legal (IDL): “La zona fue totalmente vedada hasta el día miércoles (10 de junio), no podía ingresar nadie“. La Rosa también ha comentado que esta situación le hizo recordar “la época de la guerra interna en la cual se dio esta subordinación del poder civil frente al poder militar o policial”.

Variados testimonios denunciaron a las Fuerzas Armadas por ocultar y desaparecer cadáveres; siendo uno de ellos el de Nicanor Alvarado, representante de la Vicaría de Medio Ambiente Apostólico de Jaén, quien el 5 de junio dijo haber confirmado que “hay heridos civiles que están siendo trasladados al Cuartel ‘El Milagro’, incluyendo los muertos. Entonces, es posible que hayan desaparecidos luego porque sabemos el accionar de las Fuerzas Armadas. Sabemos cómo actúa el Ejército que en épocas pasadas cometió genocidios.”

Un poblador presente en la zona de Curva del Diablo en la mañana del 5 de junio, relató a la BBC: “Ellos estuvieron disparando a matar, pero eso no es todo, porque han escondido los muertos. Desde helicópteros, los han arrojado en bolsas negras por la quebrada”. Otros relatos señalaban que también habrían sido arrojados a la espesura selvática o al río Utcubamba (un poblador de Siempre Viva llamó a una radio para informar acerca de un cadáver que cayó a orillas de su chacra), enterrados en fosas comunes o incluso incinerados (vieja práctica militar que el Estado perfeccionó contra miles de pobladores y campesinos en las alturas andinas, cuando sucedían los democráticos gobiernos de Fernando Belaunde Terry y Alan García Pérez, en la década de los ‘80).

Miguel Palacín, presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), ha denunciado que según sus contactos en las organizaciones comunitarias, hasta 250 activistas y líderes nativos están desaparecidos, ausentes de las listas oficiales de detenidos, heridos y refugiados publicadas por el gobierno, y presumiblemente muertos. Palacín también denuncia una persecución de los servicios de inteligencia del Estado contra la legítima actividad de los movimientos sociales.

Por otro lado, Juan José Quispe, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), estimó en 61 las personas desaparecidas, y detalló que es una cifra preliminar y sus investigaciones prosiguen; mientras Leoncio Calla, vocero de la comunidad awajún, informó el 10 de junio a la BBC: “De acuerdo a un conteo preliminar, tenemos más de 150 desaparecidos“.

Las denuncias por ocultamiento de cadáveres alzadas contra las Fuerzas Armadas pretenden ser desvirtuadas por sumarias investigaciones conducidas por las propias Fuerzas Armadas y rápidos Fiscales, que la prensa cómplice se atreve a presentar como concluyentes. Y los múltiples testimonios de una matanza indiscriminada que no ha dejado cadáveres (“¿dónde están los cuerpos, a ver?”, dice con sorna la Ministra del Interior)  son reducidos al nivel de un rumor.

Otra notable acción que delata el anhelo encubridor del gobierno, son las amenazas desplegadas por las Fuerzas del Orden contra radios amazónicas que propalaban directamente testimonios de los pobladores y no la noticias fabricadas desde Lima. Entre ellas, radio “La Voz” de Bagua, que padeció primero un corte de suministro eléctrico y que ya fue clausurada velozmente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con un apócrifo expediente administrativo. Esta radio podría además enfrentar una persecución judicial, ya que los más altos funcionarios estatales -mediante declaraciones públicas- la acusaron de agitar a la población e incitar al asesinato de policías.

Una Defensora de primera clase

Beatriz Merino, titular de la institución estatal falazmente llamada ‘Defensoría del Pueblo’, no se atrevió a denunciar el bloqueo que las Fuerzas Armadas impusieron contra cualquier investigación (o simplemente no quiso, como buen engendro de la derecha). Y prefirió publicar un informe falso, que respalda por completo las cifras adelantadas por los voceros de la represión, y que ha ido actualizando: por la muerte de un herido, en una semana la cifra de civiles pasó de 9 a 10 muertos; contra los 23 policías asesinados -según versión del Estado- por un ataque armado de manifestantes amazónicos.

En el informe de la Defensoría actualizado al 12 de junio, los 10 civiles muertos contrastan con los 158 heridos registrados en hospitales, pero brilla por su ausencia la información sobre la naturaleza de los heridos (primeros reportes médicos indicaban que hasta la mitad de hospitalizados fueron atacados con armas de fuego) y su pronóstico. También destaca la falta de información sobre los civiles desaparecidos, pero sí registra como desaparecido a un policía.

Con menosprecio, el informe de la Defensoría sobre los civiles detenidos está ‘actualizado’ al 7 de junio, y registra a 79 personas recluidas en calabozos de Seguridad del Estado, comisarías y cuarteles militares, sin decir una palabra de la incomunicación a la que están sometidos muchos de ellos, como los supuestos autores de la matanza en la Estación 6. Tampoco dice una palabra sobre los heridos que fueron apresados, fusiles en ristre, por las Fuerzas del Orden, y sacados de hospitales con rumbo desconocido. Menos se pronuncia contra el Estado de Emergencia y contra el toque de queda, medida militar que es una pena de muerte de trámite inmediato contra todo quien abandone su vivienda fuera del horario impuesto por el Ejército Peruano, que llegó a Bagua como una fuerza de ocupación a unsa ciudad extranjera: apoderándose de los espacios públicos, ocultando a “sospechosos” en sus cuarteles, amenazando la vida de los civiles.

El 5 de junio, la periodista Josefina Townsend, de Canal N, no pudo ocultar una entonación victoriosa cuando preguntó a un corresponsal por la buena salud del toque de queda. El arribo del Ejército y la instauración del toque de queda permitió decir al periodismo democrático que en Bagua se respira una “tensa calma”, expresión falaz que oculta algo más cierto: el Estado dirige sus armas contra pueblos que, de otra manera, libremente, buscarían a tiempo completo a sus desaparecidos y sus muertos, y se unirían para protestar por ellos. Al 12 de junio, el toque de queda no tenía visos de suspenderse y duraba 11 horas, de 07 de la noche a 6 de la mañana. Cuando se impuso el 5 de junio, y durante varios días, este toque de queda se extendió durante 15 horas, de 3 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Y la democrática Josefina Townsend preguntaba cómo tomaba la gente de Bagua la encerrona militar, con una sonrisa?

Al igual que anteriores crímenes ejecutados por el Estado Democrático contra los pueblos andinos, la actual matanza y persecución de los pueblos amazónicos son estrategias del manual represivo estatal, que se facilita por el conocido desprecio de la clase gobernante y de los sectores privilegiados (lo que las encuestadoras llaman “sector social A”) por los pueblos originarios y los sectores desposeídos. Cuando el presidente Alan García Pérez igualó a los pueblos amazónicos con “la irracionalidad y el retroceso primitivo” y afirmó que “los nativos no son ciudadanos de primera clase”, solamente informaba acerca de un hecho descarnado que encontró en la masacre del 5 de junio su última demostración.

En unánime discriminación contra el sufrimiento amazónico, el gobierno y su prensa experta en transcribir comunicados oficiales se entregó sin reparos a explotar los entierros de los policías muertos. El clímax de la manipulación emocional -que buscaba sellar la criminalización de la protesta indígena- lo alcanzó un reportero de Canal N quien, desde Chiclayo, relató la llegada de los restos mortales de un policía de esa ciudad, “esperado en el aeropuerto por sus familiares, entre ellos su abuela que lo crió desde pequeño”. ¿Y los nativos? Muertos de segunda clase: sin familiares, sin cuerpos y sin nombres.

Varias voces de organizaciones sociales y humanitarias afirman la idea de que solamente una comisión independiente, con plenos poderes (para revisar a profundidad los cuarteles, por ejemplo, o para que nadie evite ser entrevistado) podrá revelar las auténticas proporciones de la represión estatal desatada el 5 de junio en Bagua. Sin embargo, parece muy difícil que se pueda lograr al corto plazo. Los demócratas que en los años ‘80 torturaron y desaparecieron a miles de campesinos y pobladores andinos sin pagar jamás por crímenes que siempre están dispuestos a justificar o negar, no cambiaron -naturalmente- ni sus aires de superioridad ni sus modales criminales. Y han cogido renovada confianza y vigor.

 Fragmento del extenso artículo publicado en: http://www.orwell-media.info/